Comunicación y Espacio Divulgativo
El Tribunal de Cuentas analiza la gestión de la farmacia de los hospitales del INGESA de Ceuta y Melilla
- El informe advierte que la compra de medicamentos se efectúa mayoritariamente al margen de la normativa pública contractual, con diferencias significativas en los precios pagados por los mismos fármacos.
Madrid, 28 noviembre de 2025
El Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización de los gastos farmacéuticos hospitalarios gestionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ejercicios 2022 y 2023.
El informe analiza la operativa y la legalidad de los procedimientos de adquisición y administración de los productos farmacéuticos hospitalarios, identifican la existencia de deficiencias que constatan una escasa mejoría desde la anterior fiscalización del Tribunal de Cuentas relativa al ejercicio 2016.
Las conclusiones destacan la ausencia de planificación de los aprovisionamientos, lo que ha supuesto la existencia de adquisiciones directas, efectuadas al margen de los principios que rigen la contratación pública. La realización de estas compras sin la oportuna planificación favoreció que se produjeran diferencias de precios en las mismas -superiores en algunos casos al 50%-, en los precios pagados por los mismos fármacos en distintas compras al mismo proveedor y entre las realizadas en los hospitales de Ceuta y Melilla, así como demoras en la conformidad y pago de los suministros.
El informe subraya también la ausencia de procedimientos de gestión homogéneos y normalizados, la obsolescencia tecnológica y la falta de interoperabilidad de las aplicaciones informáticas, además de otras carencias en los sistemas de información que impiden la formación de un expediente electrónico y dificultan la trazabilidad de las compras, la conciliación contable y la revisión por parte de los distintos órganos de control. Estas deficiencias procedimentales se extienden a los medicamentos sujetos a condiciones especiales de financiación, impidiendo conocer los posibles retornos derivados, entre otros, de los acuerdos de precio-volumen y techos de gasto.
Además, el Tribunal detecta la necesidad de mejorar la aplicación de las medidas previstas en la ley para el uso racional del medicamento, en particular, en la constitución y actuaciones de los órganos y comisiones encargados de los procesos de calidad, en la utilización de biosimilares, en la redosificación de los productos farmacéuticos y en la homogeneización de los criterios de uso de fármacos fuera de indicación.